LEY JEREMIAS MONZON

PETICIÓN POR LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD Y EL AGRAVAMIENTO DE PENAS PARA DELITOS GRAVES COMETIDOS POR MENORES DE EDAD EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Quienes suscribimos la presente solicitamos de manera urgente la modificación del régimen penal juvenil vigente en la República Argentina y del Código Penal Argentina, con el objetivo de garantizar una tutela judicial efectiva a las víctimas de delitos gravísimos contra la vida, la integridad física, psicologica, emocional y la integridad sexual, cuando estos son cometidos por personas menores de edad.

El actual sistema, basado en un régimen de inimputabilidad amplia y respuestas penales insuficientes, ha demostrado ser ineficaz para prevenir la reiteración delictiva, proteger a la sociedad y brindar justicia a las víctimas. La ausencia de consecuencias penales proporcionales en casos de extrema gravedad genera impunidad material y vulnera derechos humanos fundamentales.

Resulta jurídicamente necesario bajar la edad de imputabilidad penal para delitos como homicidio, tentativa de homicidio, lesiones graves, violencia física reiterada, abuso sexual y otros delitos dolosos contra las personas, permitiendo la intervención del sistema penal con garantías, proporcionalidad y control judicial.

La Convención sobre los Derechos del Niño no prohíbe la responsabilidad penal juvenil, sino que exige que esta sea adecuada, diferenciada y respetuosa del debido proceso. La protección integral del niño no puede interpretarse de forma aislada ni en detrimento del derecho a la vida, la integridad y la dignidad de las víctimas, también amparados constitucional y convencionalmente.

Solicitamos asimismo el agravamiento de las penas aplicables a menores imputables en delitos graves, con la posibilidad real y efectiva de aplicar medidas de restricción de la libertad, privación de libertad en dispositivos especializados, y tratamientos obligatorios, cuando la peligrosidad del hecho y el riesgo para terceros así lo justifiquen. Estas medidas no constituyen venganza, sino herramientas de protección social, prevención especial y responsabilidad penal.

Resulta indispensable que el hostigamiento virtual, el acoso digital, las amenazas, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, la incitación a la violencia y la persecución sistemática a través de redes sociales sean reconocidos como conductas penalmente relevantes cuando son cometidas por menores de edad, especialmente cuando generan daño psíquico grave, riesgo para la vida o funcionan como antesala de delitos violentos.

El Estado tiene la obligación positiva de proteger a las víctimas, garantizar seguridad jurídica y evitar la revictimización. La falta de respuesta penal adecuada frente a delitos extremos implica una falla estructural del sistema y una violación al deber de debida diligencia.

Por todo lo expuesto, solicitamos al Congreso de la Nación y a las autoridades competentes la apertura inmediata del debate legislativo y la sanción de un régimen penal juvenil moderno, modificación del Código Penal Argentino, equilibrado y eficaz, que priorice la vida, la justicia y la protección real de las personas. Donde los delitos mencionados sean sancionados con las máximas penas sin importar la edad de los delincuentes. La paz social, el interés público, la protección de las víctimas y de sus familiares no puede estar por debajo de los derechos de los delincuentes que impunemente continuan con sus vidas delictivas siendo un peligro real, constante e inminente para la sociedad toda. 

No se trata de castigar por castigar.
Se trata de asumir responsabilidad.
Se trata de proteger a las víctimas.
Se trata de que el Estado no llegue siempre tarde.

Se trata de hacer justicia por las víctimas y para evitar la comision de futuros hechos por parte de los delincuentes que avalados por un sistema penal que no protege a las victimas siguen impunes ni son responsabilizados por los delitos cometidos. Emitiendo un grave mensaje a la sociedad de que son intocables, y que pueden cometer delitos atroces sin consecuencias jurídicas dejando desprotegidos y a la deriva a los ciudadanos de bien de nuestra República Argntina, que tienen que vivir con miedo y con la respuesta juridica de que "no se puede hacer nada porque son menores inimputables".

La socidad toda merece tener las garantías jurídicas establecidas por la Carta Magna que establece el Derecho a la Vida, que en este orden de cosas no se esta protegiendo sino que por el contrario, nos vuelve vulnerables y suceptibles de que más hechos se sigan cometiendo por carecer de consecuencias jurídicas reales y efectivas.